El ministro de Gobierno Carlos Carranza defendió la cifra oficial de 23 muertos por la inundación. Aseguró que los otros muertos informados se deben a enfermedades preexistentes. Dijo que la búsqueda de presuntas personas desencontradas seguirá.
La respuesta del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados desató nuevamente la polémica en torno al verdadero número de víctimas ocasionadas por la inundación del río Salado. En el informe ingresado ayer, se sostiene que hubo 23 personas muertas – 19 ahogadas y las restantes por enfermedad -; se informa de otros cuatro fallecidos por enfermedad ocurridos durante la catástrofe pero que no se incorporan a la lista oficial; se descarta la versión de un niño ahogado en cercanías del puente Carretero; y se reconoce que aún quedan abiertos 26 casos de búsqueda de paradero.
Sobre las 23 muertes reconocidas oficialmente como producto de la inundación, el Ejecutivo provincial aportó las respectiva actas de defunción junto a una planilla anexa donde se detallan los datos personales de la víctima, su edad, lugar de hallazgo o muerte y causa de la misma. La mayoría de los casos se produjeron entre el 29 de abril y el 4 de mayo cuando el agua del río Salado alcanzó su máximo nivel dentro de la ciudad. Las personas mayores que fallecieron tenían entre 43 y 92 años y los 3 niños eran menores de un año y medio.
Respecto a las causas de fallecimiento: 19 se debieron a asfixia por inmersión, 3 por paro cardiorespiratorio, 1 caso de muerte súbita de un bebe y 1 niña muerta por enfermedad.
Además, el informe responde sobre cinco casos de fallecidos denunciados por los legisladores que no fueron incorporados al listado oficial. Cuatro de ellos murieron por distinto tipo de enfermedad, en tanto que el quinto caso, se refería al supuesto hallazgo de un menor ahogado en cercanías del puente Carretero, en la tarde del 3 de mayo. Según informó el Grupo de Buzos Tácticos, ese día se recibió por radio el aviso de una embarcación que transportaba niños volcada en el río Salado, cuyos pequeños ocupantes fueron rescatados por un particular y llevados a Santo Tomé, por lo que, oficialmente se descarta dicha versión.
Las explicaciones sobre estos cuatro casos de muerte por enfermedad durante la inundación dispararon la discusión sobre el criterio empleado para confeccionar la lista oficial de fallecidos.
Para el diputado socialista Alfredo Cecchi, se trata de una “nueva contribución a la confusión y a seguir mintiéndole a la opinión pública santafesina, a través de una decisión política que tomo el gobierno, cuando comprendió la magnitud de la catástrofe y el impacto que esto tendría y decidió fijar en 23 el número de víctimas fatales de las inundaciones”.
El legislador sostuvo, que “la decisión es mantenerse en esos 23 porque cuando el Ejecutivo admita que son más, quedará la sensación en la opinión pública de que mintieron”.
Frente a esta acusación, el ministro de Gobierno Carlos Carranza, respondió que “el estado, en primer lugar, ha tomado un criterio temporal”, destacando, “que las 23 personas que nosotros informamos fallecieron entre el día el 29 de abril y el 10 de mayo”.
Para el ministro de gobierno es posible “que por alguna razón vinculada a la catástrofe algunas personas murieron”, pero como estos casos, “no fueron registrados judicialmente no se han incorporado a esa lista”. Sin embargo, aclaró que dichas muertes “no están vinculadas a la catástrofe, porque tenían enfermedades anteriores. Pero esto es sólo una presunción, puede demostrarse lo contrario. El circuito investigativo no está cerrado", dijo Carranza.
No hay desaparecidos
Una parte sustancial del informe oficial esta destinada a explicar la tarea investigativa desarrollada para resolver los casos de personas desencontradas o desaparecidas. Por un lado se describen los resultados de la Unidad de Búsqueda de Personas que trabajo sobre 484 casos denunciados, de los cuales dos mujeres mayores de edad aun restan localizar. Luego se informa respecto al pedido de la Fiscal Federal N°2, Cintia Gómez, para que 1.774 personas sean localizadas. De acuerdo a la nota firmada por el Comisario General Ricardo Jesús Milicic, 1.750 fueron ubicadas, restando por localizar “24 de estas presuntas personas”. Al respecto, el Jefe de Policía de la provincia señala que, la búsqueda es dificultosa, porque “no se aporto ningún dato de identidad de la persona requerida, como tampoco de la que solicito el paradero y en algunos casos se suministraron datos erróneos, teléfonos inexistentes, etc.”.
A partir de estos datos, el ministro Carranza fue enfático al afirmar, "no hay ninguna persona desaparecida, esa es una apreciación equivocada que ha hecho la prensa y algunos hombres de la oposición".
“Nosotros tenemos 23 personas fallecidas y 26 casos no resueltos de datos aportados por ciudadanos que por distintas formas de búsqueda no se han podido encontrar”, agregó el funcionario.
Para Carranza, “no se sabe si estas personas realmente existían, ya que en aquel momento fue solicitado su paradero, pero en ningún momento se reiteró el pedido por familiares, vecinos o conocidos”.
“La Unidad de Búsqueda tiene 24 casos no resueltos pero que no son personas en virtud de lo que se considera desaparición física de alguien que estaba y ahora no esta más. No son personas fallecidas desaparecidas”, remarcó.
Autor: Pablo Bosch para Datasantafe
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